“La paz es posible si se cambia por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, con una política fuerte contra el consumo en las sociedades desarrolladas”, manifestó el mandatario colombiano el pasado 7 de agosto.
Según proclamó, para combatir la guerra contra las drogas se debe crear una nueva convención internacional que acepte el fracaso de la lucha. “En una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado a un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría asesinados durante estos últimos cuarenta años y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina”, declaró Gustavo Petro.
Es el hogar del notorio narcotraficante Pablo Escobar y el lugar de origen de la legendaria Santa Marta Gold -que alguna vez fue la variedad de marihuana más codiciada en Estados Unidos-, nombrada así por la Sierra Nevada de Santa Marta.
Para muchos, Colombia es sinónimo de cárteles de la droga y narcotraficantes. Es uno de los mayores productores de narcóticos del mundo; el año pasado, el gobierno de EE.UU. estimó que producía más de un millón de kilogramos de cocaína, la mayor cantidad del mundo y más que las dos naciones más cercanas, Perú y Bolivia, juntas. Entonces, cuando el nuevo presidente del país sudamericano dice que tiene la intención de regular el uso de sustancias ilegales, o al menos algunas de ellas, el mundo escucha.
Esta política reseñó, ha triplicado las muertes por sobredosis en los Estados Unidos, y ha llevado a los mismos Estados “a cometer crímenes”. Con el propósito que esto no se siga presentando, propuso replantear los objetivos planteados.
“¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200 mil los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año?”, señaló Petro en su discurso, el cual fue interrumpido varias veces por los aplausos del público y los invitados.
¿No era legal ya en Colombia?
La ley de Colombia ya permite la producción de cannabis con fines médicos, principalmente para exportar a mercados extranjeros como Estados Unidos y Canadá, pero los partidarios de la nueva legislación creen que sólo legalizar el cannabis recreativo puede alejar a miles de agricultores del narcotráfico y llevarlos al mercado y comercio lícito.
Pero no todo ha sido bien implementado. De hecho, existen denuncias de cómo los agricultores han sido dejado de lado por las grandes empresas de cannabis del mundo. Así lo denuncian comunidades campesinas, asociaciones y cultivadores del norte del Cauca, que han sido excluidos de la industria.
Hasta el día de hoy, el Estado colombiano enfrenta desafíos por el control de su territorio por parte de una variedad de actores criminales, desde ex guerrilleros de izquierda y paramilitares hasta narcocarteles y sindicatos del crimen organizado. El narcotráfico es una poderosa fuente de ingresos para estos delincuentes, y durante los últimos 50 años las autoridades públicas han impulsado una agenda prohibicionista, restringiendo el comercio y el consumo de drogas para golpear a los criminales en sus bolsillos. Pero el flujo de drogas ilegales nunca cesó.
La campaña para legalizar la marihuana en Colombia une a senadores de izquierda como Bolívar con organizaciones de la sociedad civil e inversionistas extranjeros adinerados, y ha recibido un impulso en los últimos 12 meses debido a los cambios políticos del país, con Petro ascendiendo a la presidencia y partidos progresistas, ahora una mayoría en el Congreso de Colombia.
“Vimos la legalización del uso recreativo para adultos en dos, tres o cuatro años después… pero ahora esperamos que sea este año”, dijo Luis Merchan, un empresario colombiano que es director ejecutivo de Flora Growth, una Empresa con sede en Toronto que invierte en marihuana colombiana desde cannabis medicinal hasta cáñamo textil.
Los activistas que han exigido este cambio durante años están de acuerdo. “Creemos que ahora es el momento oportuno para hacerlo”, dice Luis Felipe Ruiz, investigador de la ONG colombiana Dejusticia, que apoya la despenalización de las drogas y ha documentado la guerra contra las mismas durante años.
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