El testeo de drogas en los lugares de trabajo es uno de los aspectos de persecución de consumidores más graves que existen. De hecho, en lugares como Nueva York y San Francisco se han alejado de esta postura, especialmente por los avances regulatorios sobre la marihuana. En Chile la cosa es distinta a estas urbes. Y no sólo porque el privado tiene la potestad de hacer estas pruebas de drogas, también el Estado recurre a estas prácticas, cuyos resultados tuvo acceso La María Juana.
Desde el 2006 el Estado tiene la potestad de realizar exámenes de drogas como “medida de prevención del consumo de drogas en los organismos de la administración del Estado”. El encargado de realizar estos testeos, según la Ley 18.575 y el decreto 1.215, es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas (Senda). Sin embargo, al menos en la revisión de los dos últimos años, nunca se ha cumplido la cantidad de testeos establecida en la licitación. La empresa encargada de las pruebas en los últimos dos años y el actual ha sido sólo una empresa: Corthorn.
Según la información entregada por transparencia de Senda, durante el año 2019 se realizaron pruebas de drogas a 452 funcionarios del Estado, cuyo resultado fue el 99,5% negativo, encontrando dos casos positivos de drogas. Ese año, según el mismo documento asegura, deberían haber testeado a 559 funcionarios. Esto es 107 testeos sin realizar.
La resolución exenta número 421 de Senda del 27 de junio de 2019 aprobó el contrato con la empresa Corthorn Quality (Chile), tras una licitación que postuló sola, por $29.250.000. No obstante, al revisar la oferta económica, no habla de 559 funcionarios presupuestados, sino de un estimado entre 350 y 450.
En 2020 aumentó la cantidad de testeos a 489 funcionarios y hubo 4 positivos, bajando el porcentaje a 99,18%. Este año, según la respuesta de transparencia enviada por Senda, dice que tenían presupuestado testeos para 510 funcionarios. Este año se utilizaron más testeos, dejando 21 cupos sin usar.
Esta vez sí, Corthorn decidió cobrar 10 mil pesos más caro por cada testeo, subiendo el precio de la oferta a más de $40 millones. Además, según la información disponible en Mercado Público sobre esta segunda licitación esta acorde a lo ofertado entre 450 y 510 testeos.
La lucha por la privacidad
No todos quieren asumir públicamente su consumo de drogas. Y si bien, la marihuana cada vez es más aceptada en algunos círculos, su estigma continúa causando problemas a algunos ciudadanos. Hace unos meses, en un programa local de Coquimbo, se sucitó esta problemática, donde concejales de Coquimbo hablaban de testear a todos los miembros del municipio por drogas.
Uno de ellos reconoció consumir marihuana y abrió la puerta a la discusión. “Cuando despierto con dolores de mi fibromialgia incipiente yo con un pitillo de marihuana puedo iniciar mi vida correctamente, puedo hacerlo en mi privacidad”, dijo Carlos Ruiz, Concejal de la Municipalidad de Coquimbo.
Revisa la respuesta de transparencia íntegra que envío Senda aquí.
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