Senda empezó pruebas de drogas aleatorias en municipios

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) tiene entre sus potestades entregadas a través de diversos decretos, la posibilidad de “someter a determinados funcionarios públicos a un examen de laboratorio para pesquisar consumo de drogas” (ver uno de estos decretos). Proceso que, según el periódico La Disución, empezó en Bulnes y otras municipalidades del país, en el medio de la discusión si todos los organismos deberían tener una política similar.

Las semana pasada la polémica sucitó en un programa de televisión, donde concejales de Coquimbo hablaban de testear a todos los miembros del municipio por drogas. Uno de ellos reconoció consumir marihuana y abrió la puerta a la discusión. “Cuando despierto con dolores de mi fibromialgia incipiente yo con un pitillo de marihuana puedo iniciar mi vida correctamente, puedo hacerlo en mi privacidad”, dijo Carlos Ruiz, Concejal de la Municipalidad de Coquimbo.

Fue en abril de 2019, cuando el Senda dio inicio al proceso para que las autoridades gubernamentales, jefes de servicio, intendentes, alcaldes y concejales, entre otros, se sometan a test de drogas.

Esto en concordancia con la legislación vigente (leyes 18.575 y 20.000) que prohibe ejercer esos cargos a quien tenga dependencia “de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico” y que responsabiliza a la “autoridad superior de cada órgano u organismo de la Administración del Estado” la prevención del consumo.

En la ocasión, el director del servicio, Carlos Charme, informó que en cada institución se seleccionarán aleatoriamente entre 10 a 15 funcionarios para someterse a los test, por lo que entre 350 a 450 trabajadores enfrentarán el proceso anualmente.

Respecto de quienes arrojen positivo en los exámenes, el titular de la Senda explicó que “ellos tienen un tiempo para exponer qué es lo que están consumiendo; esto es evaluado por una comisión, que determina si es acogida o no su aclaración”.